La experiencia de investigación colaborativa surgió en los primeros días de la cuarentena a partir de una convocatoria de carácter federal de la Unidad Coronavirus del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación de la que el Instituto del Conurbano participó. Luego se desplegó en otros cuatro relevamientos organizados por el ICO centrados en los barrios populares. Estos relevamientos se llevaron a cabo entre marzo del 2020 y diciembre del 2021 mediante entrevistas cortas a informantes claves de los 24 partidos del conurbano bonaerense y registros en partidos del periurbano como Escobar, Pilar, Luján y Zárate.
Las personas entrevistadas, entre 80 y 136 según el relevamiento, forman parte de un entramado de organizaciones de base territorial: clubes sociales y deportivos, centros comunitarios, sociedades de fomento, mutuales, comedores, merenderos, centros culturales, organizaciones barriales, organizaciones territoriales de mayor alcance, espacios de géneros y disidencias, red de manzaneras, cooperativas, escuelas, iglesias, centros de salud de primer nivel de atención, agrupaciones políticas diversas y algunos cuadros de gestión municipal en áreas de política territorial.
“A partir de estos registros, se construyó un conocimiento valioso sobre el territorio en momentos de acceso limitado a la información, a la vez que se plantearon preguntas y se difundió la voz de referentes que poseían un conocimiento único y particular de la realidad y el día a día de los sectores populares”, señaló Verónica Maceira investigadora del ICO que coordinó el proyecto junto a Gonzalo Vázquez y Alejandra Beccaria.
“Para lograr entrevistar en pocos días y en el marco del aislamiento a una importante cantidad de referentes territoriales de todo el Conurbano, desde el ICO se convocó abiertamente a toda la comunidad universitaria, y así se sumaron investigadores, graduades, estudiantes y nodocentes al equipo de relevadores. Por otra parte, fue fundamental recurrir a los contactos previamente existentes con organizaciones sociales e instituciones de la región, quienes colaboraron enormemente para ampliar la cantidad de referentes territoriales que nos atendieron y confiaron sus miradas en el medio de las múltiples acciones que estaban desplegando para paliar las necesidades y emergencias que el contexto excepcional de la pandemia estaba generando día a día en sus barrios”, explica Vázquez.
Las entrevistas fueron realizadas de manera remota a través de llamadas telefónicas y whatsapps. En ellas se buscó conocer y hacer conocer los principales problemas agravados durante la pandemia y en esa dirección ahondaron en la evolución de distintas dimensiones: la situación de trabajo e ingresos laborales; el acceso a la alimentación y a los servicios de salud; la implementación y evaluación de políticas de transferencias de ingresos (como el IFE o la Tarjeta Alimentar) y las estrategias familiares y comunitarias para hacer frente a la reproducción de la vida. Además, siguieron problemáticas específicas como el cuidado de niños y adultos mayores, la vulnerabilidad de jóvenes y adolescentes, la violencia de género en el hogar y el vínculo con fuerzas de control y seguridad en el territorio.
Cabe destacar que los informes publicados alcanzaron una notable repercusión en medios nacionales, llegando además a ser valorado por funcionarios estatales que podían ampliar su conocimiento de la situación de los barrios populares a través de los mismos.
De esta manera, en una coyuntura crítica e inédita, se logró desarrollar una forma original de investigación colaborativa, que puso en valor y amplió las capacidades de vinculación del ICO con referentes territoriales para producir un conocimiento valioso y difundir ampliamente su mirada ante la opinión pública y los decisores políticos.
Durante la pandemia, el conocimiento se fue construyendo minuto a minuto y a la vez que la ciencia comprendía mejor al virus. Si bien las medidas de prevención y aislamiento eran claras, no siempre resultó fácil cumplimentarlas tal y como se anunciaban. Para la investigadora responsable del proyecto, “algo muy relevante fue adaptar estas recomendaciones al contexto particular de cada territorio y traducir su importancia de cara a la comunidad».
En esta línea, Chiara indica que la realidad de los barrios no es la misma en todos los casos. “Además de conocer estas recomendaciones, las y los promotores tienen que proponer modos posibles de llevarlas adelante, aun cuando no estén garantizados los recursos materiales”, recomendó.
En el primer diagnóstico, el equipo detectó que la observación de las medidas de protección sanitaria era parcial o alta, pero un conjunto de factores obstaculizaba la posibilidad de concretar el aislamiento en las viviendas.
“En muchos hogares no había dinero acumulado o salarios mensualizados que les permitiese aprovisionarse y planificar compras a largo plazo. Además, si solo había un adulto en el hogar, los niños y niñas se desplazaban con esa persona y, como en muchos casos los supermercados o almacenes pequeños tenían precios más altos o poca mercadería, la gente se trasladaba a mayor distancia, incluso para poder retirar dinero de un cajero automático, que en estos barrios son escasos”, señala Maceira.
“A raíz de la falta de acceso a los alimentos las familias debían trasladarse a las ollas populares, merenderos, comedores y otras organizaciones que brindaban asistencia, así que tampoco les resultaba posible cumplir con el aislamiento a rajatabla” señalaban les investigadores.
Otro aspecto que se destacó en el informe es la falta de disponibilidad de provisión de agua por cañería y de servicios de recolección de residuos en la vivienda, lo que obliga a la población a salir de sus hogares. Maceira explica que “en los asentamientos o barrios con viviendas más pequeñas o precarias, los informantes evaluaron que no era posible entender la cuarentena como un aislamiento dentro de las casas: la cuadra se vivió como extensión de la vivienda y el aislamiento se entendió, en todo caso, dentro del perímetro del barrio”.
Una de las principales preocupaciones relevadas durante el ASPO fue la discontinuidad de ingresos laborales familiares. “Las referencias son especialmente a los hogares que dependen del ingreso cuentapropista, que en estos territorios se trata mayormente de trabajadores poco o nada capitalizados y con bajas calificaciones, lo que se conoce como ‘changas’ pero también a quienes tienen un trabajo asalariado no registrado, particularmente las trabajadoras en casas particulares. En estos hogares el aislamiento significa una situación de ingresos laborales cero”, alertaron tempranamente los investigadores.
Todavía en julio del 2021, la falta de inserción seguía siendo mencionada entre los problemas centrales del barrio por dos terceras partes de los informantes, esto es, con una frecuencia aún mayor que en el año anterior. “Si bien la información estadística del mercado de trabajo de ese momento daba cuenta de una importante recuperación del empleo, esto no era percibido con la misma fuerza en los barrios periféricos del Conurbano”, detallan los informes.
En diciembre del 2021, la reactivación del mercado de trabajo es reconocida por una parte importante de les referentes al tiempo que se hace hincapié en el carácter precario e informal que caracterizan los empleos a los que se reincorporan y en la aceleración inflacionaria que jaquea el poder de compra de los ingresos obtenidos.
“La restricción a la movilidad desarticuló parcialmente la unidad del AMBA como mercado de trabajo regional. Así los barrios periféricos quedaron relegados a una demanda configurada por aquellos hogares vecinos que percibían los mismos pobres ingresos vía transferencias sociales y que no accedían a sus empleos en la Ciudad de Buenos Aires. Este escenario tuvo un gran impacto en las posibilidades de conseguir trabajo. También, la recuperación desigual de la construcción y el trabajo en casas particulares, que son actividades centrales para el empleo de estos barrios, marca una disparidad de género en el primer momento de la recuperación”, explicaban los autores en ese contexto.
En tanto la pandemia y las medidas de aislamiento o distanciamiento se prolongaron en el tiempo, la discontinuidad de ingresos laborales comprometió de manera sustantiva el bienestar de las familias. Según las entrevistas, en al menos la mitad de los barrios relevados, los hogares dependían mayormente de esta provisión social directa de alimentos para resolver su subsistencia diaria. Esta provisión fue posible a través de la activación de las organizaciones sociales y por una extensión importante de la intervención estatal específica a nivel territorial. La activación de las organizaciones sociales fue excepcional y sus acciones se fueron ampliando y complejizando durante todo el primer año de pandemia, proceso del que dieron cuenta los primeros tres relevamientos.
Al cierre del segundo año de pandemia, tanto les referentes barriales como los cuadros de gestión que articulan el trabajo con el territorio reconocían que la provisión estatal de alimentos en forma directa se había restringido. La relativa reactivación económica y el fortalecimiento de las transferencias sociales monetarias permitían una tendencia mayor al acceso a estos bienes a través del mercado.
Durante todo este periodo, otra de las principales inquietudes que transmitieron los referentes se vinculaba con el acceso a los servicios de salud en los barrios. “En los primeros informes, la preocupación provenía de la suspensión de los servicios de rutina y advertía respecto de la falta de controles médicos de las personas con enfermedades o condiciones crónicas y su acceso a la medicación. Esta preocupación fue desplazada en los meses subsiguientes del 2020 junto con el reanudamiento de parte de los servicios”, explica Maceira.
“Este tema -agrega la especialista- volvió a tomar relevancia en el marco de la segunda ola del COVID-19 y fue jerarquizada por uno de cada cuatro referentes entre los principales problemas del barrio. En ese momento, la preocupación estaba centrada ciertamente en los contagios por coronavirus, la enfermedad y el fallecimiento de habitantes en los barrios”.
En el informe de julio del 2020: “se registraban casos confirmados de COVID-19 en nueve de cada diez barrios relevados y seis de cada diez referentes consideraba que la presencia estatal en la atención de la enfermedad era fuerte o muy fuerte, mientras que uno de cada diez mencionaba demoras en la evaluación de casos y en el seguimiento de los vecinos infectados con aislamiento domiciliario”.
El consumo problemático de sustancias, instalado con anterioridad, pero agravado durante la pandemia es otra de las preocupaciones referidas como severas, aunque no siempre conceptualizadas desde el campo de la salud por los y las informantes barriales. Por otra parte, a partir del informe de julio de 2020, y ya con cierta presencialidad escolar y reanudamiento de los servicios, se visibilizaron cuadros que venían sin adecuada atención, aumentando demandas específicas (por ejemplo, fonoaudiología y psicopedagogía, entre los menores de edad).
Desde el primer relevamiento, la violencia de género al interior del hogar fue localizado como un tema clave por les referentes. En el período de restricciones severas a la movilidad, las mujeres y niños convivientes con personas violentas estuvieron más expuestas a situaciones de encierro con su agresor a la vez que se interrumpieron importantes circuitos de comunicación territorial previamente construidos. Con el correr de los meses, se hizo notable la importante visibilización de este problema, el papel central de la acción de las organizaciones de mujeres al respecto y la creciente intervención del Estado, a través de nuevos dispositivos y programas de nivel municipal, provincial y nacional.
El delito ha sido otra de las preocupaciones principales expresadas por les referentes, con intensidad menor en el período de aislamiento y mayor a partir de la flexibilización. En muchos casos estas situaciones se ligan, en la reflexión de les entrevistados, con problemas laborales y de ingresos en el marco de la crisis económica COVID 19 y también a la ya mencionada preocupación por el aumento de los consumos problemáticos. A su vez, la relación con las fuerzas de seguridad es tematizada en gran medida en términos de su falta de presencia para la intervención en materias de su competencia –
Finalmente, el abuso o violencia por parte de las fuerzas de seguridad es una dimensión a la que los relevamientos dieron seguimiento. Con presencia constante a lo largo de ambos años, las menciones refieren a respuestas autoritarias, avasallamiento verbal, hostigamiento. Sin embargo, se relevaron también hechos gravísimos: detenciones arbitrarias, golpes, la mutilación, connivencia frente a la trata y casos de asesinatos referidos como “gatillo fácil”. Les informantes señalaron problemas históricos, “son parte de la vida cotidiana del barrio”, y enfatizan que sus víctimas son pobres, migrantes, que los detienen “por portación de cara”, por “morochitos”, militantes y fundamentalmente por jóvenes.